La República del Paraguay ha sabido peregrinar una espinosa senda para reformar íntegramente sus sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La inserción del país a la Lista Gris de GAFI en el año 2008, su posterior exclusión en 2012 y el altísimo compromiso de las autoridades –hoy reflejado en el recientemente lanzado Plan Estratégico Nacional ALD/FT- hacen de Paraguay un caso por demás interesante de ser analizado. No obstante, los retos que se presentan en el camino son muchos. Si bien se han logrado ingentes avances, el marco jurídico vigente –incluyendo las leyes y reglamentaciones- aún demuestra vulnerabilidades que deben ser examinadas y corregidas en el corto plazo. La UIF (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay emergen como actores principales del proceso de implementación de un marco normativo que lleva inevitablemente a un esquema de supervisión basada en riesgos. En ese sentido, la tarea de velar por la correcta aplicación de las reglamentaciones descansa en la Superintendencia de Bancos. Simultáneamente, otros desafíos se configurarán con los esfuerzos de inclusión financiera y bancarización que persigue la Banca Matriz. El Paraguay se halla hoy inmerso en un periodo de crecimiento económico sustentable y un sistema de PLD/FT efectivo y confiable se erigirá como un instrumento eficaz para apuntalar dicho proceso.