El presente análisis versa sobre la responsabilidad civil generada a raíz de una denuncia penal que es luego desestimada, dictándose el sobreseimiento definitivo del acusado. La cantidad de acciones indemnizatorias basadas en este supuesto se ha visto acrecentada en forma notable. Justamente, el ascendente número de demandas iniciadas en este sentido me ha servido de motivación para realizar una serie de reflexiones alusivas al tema. En ese contexto, me he visto en la necesidad de esbozar algunas ideas, sin otro fin que el de delimitar ciertos criterios ambiguos que giran en torno a la materia. Principalmente, haremos referencia al caso particular de los funcionarios públicos, cuya situación difiere notablemente en comparación con la generalidad de las personas, ya que los primeros se hallan obligados a realizar la denuncia, habida cuenta del mandato legal que pesa sobre los mismos. En un segundo orden de cosas, expondremos dos distintas perspectivas sobre una idéntica cuestión: establecer si existió o no temeridad en la denuncia. De esta forma, repasaremos las dos formas de distinguir si hubo o no denuncia temeraria, cuya determinación es de suma relevancia a los efectos de una eventual indemnización. A mayor abundamiento, para que exista responsabilidad civil -atribuible al denunciante- es menester que la denuncia haya sido temeraria. Precisamente, lo que se busca a través del presente análisis es desarrollar las dos vías que conducen a esclarecer si existió o no temeridad al momento de formular dicha denuncia y -a partir de allí- centrarnos en lo que hace a la particular situacón en la que se hallan inmersos los funcionarios públicos.